Se abre la posibilidad de que se enjuicie a Zedillo y a Calderón

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Los familiares de dos de las víctimas de la matanza de Acteal, Chiapas, fueron amparados por el juzgado 16 de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, luego de establecer que las autoridades mexicanas violaron la Constitución al solicitar que el gobierno estadunidense concediera inmunidad para el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. De acuerdo con una nota publicada por La Jornada, las autoridades americanas asignaron un tratamiento con “criterios de índole político y de excepción que generan discrecionalmente la impunidad y la imposibilidad” de que el ex mandatario siga bajo proceso judicial en Estados Unidos. Ricardo Gallardo Vara fue el juez que concedió el amparo, publicado en la lista de acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. “Ampara para efectos”, dice la sentencia del caso que se sigue con el expediente número 1093/2012. El recurso fue interpuesto en septiembre pasado Mariano Luna Ruiz, Omar Pérez Luna y Ernestina Pérez Luna. De acuerdo con el rotativo, la sentencia determina que carece de sustento jurídico afirmar que el ex presidente Zedillo “goza de inmunidad, aun después de haber concluido su encargo público”, y agrega que una nota diplomática favorece abiertamente al ex mandatario y sus “efectos no se limitan a las relaciones internacionales entre ambas naciones, sino involucra derechos de particulares como es el eventual sobreseimiento del expediente” que se desahoga en Connecticut, donde a Zedillo se le reclama el pago de 50 millones de dólares como reparación del daño provocado por la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997. Según algunos documentos que obtuvo el diario, en el juicio, la Presidencia de la República (encabezada por Felipe Calderón) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –dirigida por Patricia Espinosa– señalaron que no tuvieron nada que ver con la elaboración, contenido y envío de la nota diplomática al gobierno estadunidense, dejando todo como si se tratara de un acto personal decidido y ejecutado por el embajador Sarukhán. Durante el litigio, los representantes del entonces Presidente Calderón dijeron que no era cierto que el ex mandatario hubiera dado una orden para “conceder inmunidad diplomática al tercero perjudicado (Zedillo)”. Ahora, el juicio podría quedar en los tribunales de México, y a menos que el hoy Preseidente Enrique Peña Nieto impugne la resolución que recomienda retirar la protección diplomática de Ernesto Zedillo, es probable que concluya la batalla legal.

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