De la sesión del martes quiero resaltar la participación de Alberto Montoya Martín del Campo. El doctor Montoya es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente; con maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Stanford; y doctorado en Educación con Especialidad en Políticas Públicas sobre la Revolución Tecnológica también en dicha Universidad en donde realizó estudios de especialización en Economía y Ciencias de la Computación.
Actualmente se desempeña como académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana y es docente del programa doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Es Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, y en el sector público ha sido Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social; Director de Políticas y Normas de Informática; coordinador del programa especial de empleo en la Secretaría de Desarrollo Social; y subdirector de Programas Sociales CONASUPO:
Lo que voy a comentar es una propuesta, análisis, resultado de los trabajos que hemos venido haciendo durante más de una década en el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, nuestra perspectiva, por lo tanto, se ubica en ese marco general. Y les ofrecemos un documento más o menos de cien cuartillas que ojalá pudieran ponerse a disposición de los señores senadores, en donde hacemos un análisis y planteamientos para la construcción de una política energética de Estado. En el tiempo disponible quisiera hacer algunos señalamientos de presentación de éstos análisis y propuestas.
En primer lugar, y de forma directa, debemos señalar que hay un vacío significativo en la política pública en la medida en que si ustedes buscan el programa sectorial de desarrollo industrial no existe. El Plan Nacional de Desarrollo no contempla un plan sectorial de desarrollo industrial, como tampoco lo contemplan las iniciativas presentadas, ese es un vacío injustificable.
Y un segundo vacío en la agenda de estos foros, es la cuestión de la energía y su relación con la seguridad nacional, en estos dos ejes es que quiero hace mis comentarios.
Voy a hacer primero una exposición de las tesis, que básicamente tienen dos vertientes: una de análisis crítico de las propuestas presentadas, y segundo, de propuestas para la construcción de una política energética de Estado.
A lo largo de estos foros se han mostrado argumentos sólidos que demuestran que estas iniciativas buscan privatizar, extranjerizar y subordinar la política energética de México a los intereses de las empresas globales, y a las necesidades de crudo de los Estados Unidos de América.
Segundo. Estas iniciativas claramente violan la letra de la Constitución y, por lo tanto, vulneran el estado de derecho, vulneran el poder nacional. Son contrarias al interés nacional, y por lo tanto constituyen una amenaza a la soberanía energética y por lo tanto a la seguridad y a la soberanía de la nación.
En consecuencia, estas iniciativas faltan a la lealtad, constituyen una traición a los altos intereses de la nación mexicana. De ser aprobadas estas iniciativas se profundizaría precisamente lo que aquí se ha denunciado, que es la desindustrialización del sector energético del país, y se profundizará el estancamiento, la dependencia externa y el precario equilibrio macroeconómico de la nación.
Por lo tanto, en virtud de que estas iniciativas no dan la respuesta a problemas que son reales y que aquí se han expresado, deben ser retiradas, y se debe de proceder a definir primero una política energética de Estado con la participación de los partidos políticos, y de la sociedad, que esté basada en la Constitución; que sea soberana, que tenga una perspectiva de largo plazo en el contexto mundial actual, y sus tendencias a futuro, y que esté orientada la construcción de un equilibrio entre los hidrocarburos y las nuevas fuentes renovables de energía, lo que requeriría otro tipo de reformas distintas a las propuestas por el Ejecutivo Federal. Serían los argumentos, son tesis fuertes, no tengo el tiempo para argumentarlas en extenso, pero está el documento y aquí aprovecharé para avanzar en algunos de los elementos principales.
La segunda parte es la necesidad histórica de formular una política energética de Estado, como base para una distinta economía política, y que tenga como finalidad un verdadero desarrollo, libertades, justicia social y soberanía nacional.
Solamente esta política energética es la que permitiría precisamente el desarrollo de empresas privadas de capital nacional, como aquí se ha venido precisamente exigiendo con mucha claridad por algunos de los ponentes que me han precedido, y que evidentemente requiere un nuevo pacto social para crear y distribuir la riqueza.
Debemos reconocer que la economía política de las últimas dos décadas es la causa profunda de la situación que vive, no sólo PEMEX, sino el país. PEMEX no es el problema, es falso decir que PEMEX es el problema y necesita ser rescatado. PEMEX ha sido el factor de estabilización de una economía política que ni genera ni distribuye riqueza, más bien ha sido el factor de compensación- equilibrio y puede ser, bajo políticas distintas un poderoso detonador del desarrollo y el crecimiento de esta nación, por lo tanto, se proponen estos lineamientos para esta política energética de Estado.
Primero. El respeto irrestricto a la Constitución, esa es una condición irrenunciable.
Segundo. El abasto de energías en el siglo XXI por organismos de estado y por empresas nacionales en todo el ámbito de las energías renovables, como requisito de la seguridad nacional.
Tercero. La reintegración de PEMEX para el desarrollo nacional mediante un uso racional de la renta petrolera, y con nuevas empresas que precisamente desarrollan todo el sector energético de las energías renovables, y las cadenas de valor de la petroquímica, y la refinación como impulsores de empresas de capital nacional y de tecnologías nacionales.
Por lo tanto, las reformas jurídicas alternativas deben de distinguir tres ámbitos de decisión: aquellas que corresponden al Estado Mexicano, las que corresponden al Poder Ejecutivo y también las que corresponden a los organismos especializados del sector energético del Estado Mexicano, así como un marco para la promoción del desarrollo de empresas nacionales.
En este orden de argumentación quisiera yo dar algunas de las razones por las cuales las iniciativas presentadas son contrarias al interés nacional.
En primer lugar, por el hecho de que se viola la letra de la Constitución, por lo tanto constituyen elementos que afectan directamente al Estado de Derecho.
Segundo. Propone aumentar la exportación de crudo sin valor agregado y aumentar la plataforma de producción, al mismo tiempo que se reconocen reservas para nueve años.
En tercer lugar. Se proponen mecanismos para compartir la renta petrolera a través de los bonos. Los mexicanos ya somos dueños de la riqueza de la nación, de manera que no es necesario que haya algunos que con sus ahorros tengan bonos que tengan participación en la renta petrolera, porque esos bonos tendrían una participación en los resultados de la empresa, como está la propuesta.
Se propone otorgar el control de los yacimientos de hidrocarburos a la banca internacional en la medida en que PEMEX directamente contrataría empréstitos internacionales, se sometería a la jurisdicción de tribunales de otros países, lo que inevitablemente lleva a que la banca internacional tenga un control eficaz sobre los yacimientos en el mediano y largo plazo.
Se propone convertir a PEMEX directamente en una entidad controlada por el ejecutivo federal, quien designaría diez de los quince miembros del Consejo de Administración, y en donde se propone que la Secretaría de la Función Pública no intervenga en los aspectos sustantivos, por ello se vulnera la democracia y se concentra un poder de decisión de manera discrecional en el Ejecutivo Federal.
Se propone también dar atribuciones al Consejo de Administración para crear y desaparecer empresas subsidiarias, de manera discrecional, sin pasar por algo que es una atribución del Poder Legislativo.
Simple y sencillamente el Consejo de Administración podría decidir la desaparición de PEMEX – Petroquímica, o PEMEX – Refinación, porque por ley estaría facultada para ello.
Se propone también, y en esta cuestión de la normatividad de adquisiciones el señor ingeniero, responsable de los proyectos en PEMEX, la sufre, pero también la sufren los empresarios mexicanos que quieren ser participantes, y es evidente que hay un problema, pero la solución propuesta no es la que está en las iniciativas, que propone dar facultades legislativas al Consejo de Administración, para dictaminar las Leyes de Adquisiciones a las que se sometería a PEMEX, evidentemente que se requieren modificaciones a las leyes.
Se eliminaría la transparencia en las relaciones contractuales, porque muchos de estos contratos podrían ser sometidos a secreto. Se pone la infraestructura de ductos de PEMEX al servicio de las empresas que eventualmente serían propietarias de los ductos y la infraestructura que se instale.
No hay una sola propuesta sobre las energías renovables, ni el uso de los hidrocarburos que tienen un horizonte finito en el tiempo, que los expertos discuten si son 15, 20, ó 30 años, pero no son infinitos para financiar el desarrollo de las energías alternativas.
Beneficia a empresas extranjeras, y a las naciones consumidoras de petróleo. En relación a la industria nacional, y la tecnología, es un gran vacío en la propuesta presentada. Todo ello le impide al país convertirse en una potencia económica, el destino de México no es ser una nación maquiladora, vendedora de materias primas sin valor agregado e importadora de productos procesados, eso nos convierte en una nación dependiente con bajos niveles de vida permanentes.
Mantiene la irracionalidad de destinar la renta petrolera para el gasto corriente, y compensar el déficit de recaudación y dilapidar un recurso estratégico no renovable que debe ser orientado a la inversión exclusivamente. Esto está codificado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que le da esas atribuciones a la Secretaría de Hacienda.
Por último, se propone nulificar de facto y unilateralmente en contra de los intereses de los mexicanos, los derechos negociados y reconocidos a México en el TLCAN en materia de energía y petroquímica básica.
Al actuar de esta manera, se actúa contra el interés nacional, pues México estableció en el TLCAN una clara reserva en materia de energía y petroquímica, el respeto a nuestra Constitución, y al derecho de México de promover sus intereses nacionales.
Me permito, señores senadores, leer lo que dice el TLCAN:
En el artículo 601, principios, dice: “Las partes confirman su pleno respeto a sus constituciones.
En el tercero.- Las partes reconocen la importancia de contar con sectores energéticos y petroquímicos viables y competitivos a nivel internacional para promover sus respectivos intereses nacionales. Eso lo dice el 601, principios.
El anexo.- 602.3. Reservas y disposiciones especiales.
Dice el TLCAN.- El Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y prestación de servicios, las siguientes actividades estratégicas:
Exploración y explotación del petróleo crudo y gas natural; refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural, y producción de gas artificial, petroquímicos básicos y sus insumos y ductos.
Comercio Exterior.- Transporte, almacenamiento y distribución hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: petróleo crudo, gas natural y artificial, bienes cubiertos por este capítulo obtenido de la refinación o del procesamiento del petróleo crudo y gas natural, desde luego la parte de energía.
Y, llamo la atención al último párrafo de lo que está en el TLCAN.
Dice: “En caso de contradicción entre este párrafo y cualquiera otra disposición de este tratado, prevalecerá este párrafo en la medida de la incompatibilidad, dice el TLCAN”.
De manera que es absolutamente injustificable que se argumente que la sección de compras de gobierno del TLCAN, o que el capítulo de inversión que limita e impide exigir criterios de desempeño a las empresas extranjeras o cualquier otra disposición de compras de gobierno, se deba de someter a los otros capítulos del TLCAN.
Todo lo que aquí se ha propuesto, tenemos todo el derecho de ejercerlo de manera directa, y no tenemos que negociar absolutamente nada, para lo que, por ejemplo, en materia de desarrollo de la industria marítimo, pero no sólo de la industria marítimo, la pequeña y la mediana industria.
Según la Real Academia Española, traición es la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener.
Alta Traición.- Según la Real Academia, es la cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la intendencia del Estado.
Afirmar que se quiere fortalecer a PEMEX, y proponer leyes que permiten el control de inversionistas extranjeros, desde los yacimientos, la exploración, extracción, transporte, almacenamiento, refinación, petroquímica, ventas de primera mano a petrolíferos, hasta las gasolineras, eso es mentir al pueblo de México.
Afirmar que tenemos más beneficios, con un 35 ó 40 por ciento de la actividad económica, utilidad que genera estas actividades, cuando hoy tenemos el 100 por ciento, es mentir al pueblo de México. 100 es más que 35, no hay más beneficio.
Proponer la sustitución de PEMEX por empresas extranjeras en sus actividades sustantivas, así como control y usufructo de nuestros hidrocarburos, y ceder los derechos de México de manera unilateral sin defender los derechos de la nación y sin informar al pueblo de México del alcance de las propuestas que se están haciendo, constituye, sin duda, una falta de lealtad, es una traición a los mexicanos, lo que evidentemente tiene y abre posibilidades políticas.
Estas iniciativas requieren, evidentemente, un diagnóstico verdadero de la situación del país. México, desde luego, tiene otras opciones.
Y las causas de fondo, sobre las que quisiera yo señalar sólo el aspecto geopolítico, es importante que la reflexionemos.
Estados Unidos consume todos los días 21 millones de barriles de petróleo, de los 84 que se producen; 5 por ciento de la población mundial consume el 25 por ciento del petróleo; 80 por ciento de las reservas están bajo control de empresas estatales.
De manera que esta dependencia le ha llevado a los Estados Unidos actitudes, incluso, genocidas, como en el caso de la invasión de Irak, y a promover políticas en función de sus intereses en México y América Latina.
Desde el año 2000:
1.- En el programa sectorial del expresidente Fox, en materia de energía, se propone aumentar la plataforma de producción y exportación a un millón 850 mil barriles diarios.
Como consecuencia y resultado de esta política irracional y antinacional, las reservas probadas, descontando la modificación en la contabilidad de las reservas para los criterios….las reservas probadas del 2000 se redujeron a la mitad, del orden de 30 a 15 mil millones de barriles.
Estas reservas las compró Estados Unidos para ponerlas en sus reservas estratégicas, que hoy valen más de al precio al cual fueron exportadas en su momento.
El Gobierno del expresidente Fox, recibió 250 mil millones de dólares de impuestos de PEMEX. Y de manera irracional los destinó esencialmente a gasto corriente para, precisamente, compensar un desequilibrio estructural de la balanza comercial y de divisas.
Todas las divisas que recibe Banco de México las aporta PEMEX.
La balanza comercial de la última década, es deficitaria acumulada por 78 mil millones de dólares. Sin maquila y sin petróleo, hubiese sido de 465 mil millones dólares ese déficit.
PEMEX compensa desequilibrios del modelo de desarrollo, y esto aunado a una deliberada voluntad de desinversión que ha llevado a la importación del 40 por ciento de las gasolinas y de petroquímicos.
Con esto, evidentemente México está construyendo su fortaleza económica.
En mi segunda intervención haré una presentación de lineamientos generales para la formulación de una política energética de Estado alternativa a la presentada por el Ejecutivo Federal.
Muchas gracias.
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