¿Hasta donde vamos a ir ahora Andrés Manuel?

La intransigencia de López Obrador tensa de tal manera a las instituciones y a la legislación que la obliga a transformarse. Producto de la Resistencia Civil de 2006 son cambios a la ley electoral como la posibilidad de abrir los paquetes electorales y recontar voto por voto y casilla por casilla, también lo es el acortamiento en el tiempo de campañas y la prohibición de comprar tiempo en los medios electrónicos para apoyar o atacar a algún candidato y la censura a las campañas negativas o "guerra sucia".

Si en esta ocasión la impugnación a las elecciones logra que por lo menos se abata el clientelismo que lleva a la compra y la coacción habremos avanzado un paso más. La cuestión en realidad es hasta donde tensar las cosas; en 2006 el plantón en Reforma y la formación de un Gobierno Legítimo tuvo tal costo político que en el presente proceso electoral López Obrador tuvo que iniciar la campaña tratando de remontar sus votos negativos.
En 2006 con todo y la desestabilización del Congreso, Calderón asumió la Presidencia, por lo que el principal objetivo de la Resistencia Civil no se cumplió; de llevar la tensión al grado de intentar impedir la asunción de Peña estaremos otra vez ante el desgaste inútil de las fuerzas sociales de la izquierda.

Los abogados del Movimiento Progresita presentarán ante el Tribunal Electoral las pruebas que puedan conseguir para sustentar la impuganción por compra y coacción del voto, financiamiento ilegal y rebase de los topes de campaña; el Tribunal las recibirá, las ponderará y al final su resolución será: "todos estos ilicitos estuvieron a punto de poner en riesgo la elección presidencial pero no lo lograron así que Peña es el Presidente". ¿Qué hacer entonces? ¿Repetir la Historia de 2006?
Tal vez una buena salida sea la que propone Rosalbina Garavito:

Carta a López Obrador

Querido Andrés: como en 2006, es necesario preguntarnos: ¿cómo hacer valer la fuerza política de nuestros votos en una elección viciada desde el origen?

La respuesta la ha dado el movimiento democrático del país durante y mucho antes de la campaña: no permitir la profundización de las salidas autoritarias frente a la larga crisis nacional. En este caso implica reconocer los resultados electorales bajo protesta y con la condición de aprobar por consenso, entre otros temas de la agenda político-legislativa: apertura de los medios electrónicos, reforma laboral democrática, reforma hacendaria integral, no a la privatización de Pemex, estrategia contra el crimen organizado con respeto a los derechos humanos, y reconocimiento a los Acuerdos de San Andrés.

Si en 2006 fue grave permitir que desde su tercer lugar el PRI actuara como segunda fuerza, hoy sería trágico que la historia se repitiera con el PAN como protagonista. Si bien la legalidad de un gobierno la otorga la mayoría de votos, en una elección torcida por el poder de la televisión y el dinero, su legitimidad depende del acuerdo de un pacto social transparente y democrático que coloque en el centro el bien común. Ese tendría que ser el principal compromiso del próximo presidente de la República y el objetivo de la más importante fuerza de oposición. Para lograrlo es imprescindible no desgastar la fuerza política de nuestros votos. El tiempo cuenta.

Rosa Albina Garavito Elías. El correo Ilustrado. La Jornada 2 de julio de 2012.