Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73.
Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
hay recursos públicos no tiene acceso el Congreso ni tampoco a través de las leyes de transparencia?”, se pregunta Sara Murúa.
Uno de los 3 despachos privados que audita las cuentas es KPGM Cárdenas Dosal, la misma empresa que auditó los recursos de la fundación Vamos México, de Marta Sahagún, sin resultados claros. Los otros dos despachos son Price Waterhouse y Coopers y BDO.
Tampoco hay información precisa sobre la exención fiscal de los principales donantes. Murúa aclara que el “verdadero objetivo” de este tipo de fundaciones es facilitar la exención y eliminar controles más rigurosos, a través de la figura legal de Institución de Asistencia Privada (IAP).
“El problema fundamental con este tipo de fundaciones es la triangulación de sus fondos, que les permite a las grandes donadoras tener mecanismos fiscales privilegiados para exentar impuestos e, incluso, para que ellos declaren como propios los donativos de terceros, en especial, de particulares”, explica Murúa.
“El mundo ideal de iniciativas como Teletón es ‘yo dono, tú donas y todos exentamos… menos los que realizan donaciones pequeñas (entre 20 y 200 pesos) y no reciben comprobantes fiscales”, abunda la especialista.
Tampoco se auditan públicamente los recursos posteriores para el “mantenimiento” a los CRIT. Estos fondos son públicos. Por ejemplo, el 9 de diciembre de 2006, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto agradeció que su entidad fuera la primera en contar con dos centros de este tipo (en Tlanepantla y Ciudad Nezahualcóyotl) y se comprometió a aportar anualmente “entre 20 y 30 millones de pesos” para el mantenimiento de los centros.
Sin embargo, todos los donantes y los gobernadores beneficiados rezan para que el Teletón siga haciendo mercadotecnia con los niños discapacitados. A cambio, los políticos obtienen rating en pantalla y los empresarios evaden la fiscalización.
Fuente:Proceso
Claro, a los beneficiarios del Teletón les vale madre lo que diga la Constitución y si son usados para para que las grandes empresas evadan impuestos y si los políticos los usan para ganar nivel de audiencia.
Y eso es lo más triste de todo, que toda la élite empresarial y política lucra de los fondos públicos y de la necesidad de la gente y además chantajean a la población para aporte la mayor parte del negocio.
En la ideología dominante en las élites la atención del Estado a las clases necesitadas es una blasfemia, excepto si las clases necesitadas son las grandes empresas y los polítcos, entonces sí vengan los recursos y por favor, no auditables si no es mucha molestia.
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