Ha sido extraña la manera en que los gobiernos federales panistas han tratado al cacique del sindicato de trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia. A diferencia de lo que ha sucedido con otros de sus destacados congéneres (como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, por citar algunos ejemplos apabullantes), el heredero de ese accidentado coto laboral ha sufrido persecución y, a no ser porque oportunamente se habilitó un refugio de lujo en Canadá, seguramente ya estaría en la cárcel, no a causa de los muchos trasiegos que con los fondos proletarios ha realizado ni por la venta de contratos de protección a poderosas empresas o el disimulo bien pagado para que en instalaciones de trabajo se incumplieran las condiciones mínimas de seguridad, sino porque, a juicio de la ultraderecha posesionada de la secretaría federal del Trabajo (primero con Carlos Abascal, luego con Francisco Xavier Salazar Sáenz), el hijo de Napoleón Gómez Sada (que también jineteó al gremio durante largas décadas) no se avenía a los planes electorales del foxismo de salida ni a los planes de recaudación de fondos empresariales para el inflado de la desangelada opción de 2006 apellidada Calderón.

Extraño también resulta el ver a ese sindicalismo charro en compañía de agrupaciones que si bien no constituyen ningún ejemplo notable de democracia, combatividad y honestidad, tampoco se ubican en el flanco más criticable del sombrío abanico de la representación obrera mexicana. Pero sucede que por encima de la personalidad del dirigente Gómez Urrutia, de su suntuoso tren de vida, de la manera tramposa como se hizo pasar por trabajador para continuar explotando la franquicia sindical recibida en herencia directa, de sus antecedentes burocráticos parasitarios (fue director de la jugosa Casa de Moneda, que luego tuvo a su cargo Georgina Kessel) y de los indicios fuertes de que hizo negocios personales y de camarilla con fondos sindicales, resulta necesario luchar contra el uso de las leyes y el aparato federal para desplazar a un dirigente sindical indeseado por los gobernantes, pues del éxito de esta pretensión calderonista derivaría la suerte de todos quienes cayeran en la misma zona de desafectos palaciegos. No está de más mencionar que pese a la terrible embestida de dos gobiernos panistas, del desgaste, la creación de “liderazgos” oficialistas, las infiltraciones y el mando a distancia internacional, la estructura “napista” de control del sindicato minero se ha mantenido a flote y combativa, aun cuando sus adversarios juren que ese predominio se funda en pistolerismos, chantaje y corrupción.

La resolución de esa paradoja política –el sindicalismo “independiente” y una parte de la izquierda apoyando al charrismo de Napito, o Napo júnior– ha sido facilitada por la actual administración federal, que ha dado continuidad plena a los compromisos adquiridos por la anterior, la foxista. Los intereses políticos del gerente sonorense Eduardo Bours, del empresario culpable de Pasta de Conchos, Germán Larrea, y de Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, han sido protegidos sin sombra de duda por el felipismo, que ha encarcelado en estos días a dos miembros de la dirigencia nacional minera, Carlos Pavón y Juan Linares Montúfar, y que ha designado como una suerte de patronal gestor jurídico al actual secretario del Trabajo, Javier Lozano, ampliamente involucrado en una serie de incidentes y escándalos no siempre relacionados con lo laboral, uno de ellos jamás confirmado procesalmente más allá del dicho de su acusador, pero ya instalado en el anecdotario colectivo, el del oriental episodio del “coopelas o cuello”.

En un contexto de violencia tanto latente como cumplida (recuérdense los muertos y heridos durante enfrentamientos como los de Ciudad Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y en zonas norteñas del país), el desenvolvimiento del conflicto minero está siendo acompañado por contingentes de trabajadores pertenecientes a las empresas de telefonía y electricidad, a la UNAM y al Nacional Monte de Piedad, entre mantas y pancartas que dan fe de la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Unión Nacional de Trabajadores y del Frente Sindical Mexicano. Sea por la desesperación que les causa un conflicto intencionalmente alargado, o porque el gobierno ha cerrado el flujo económico derivado de las cuotas sindicales y ha desatado una cacería judicial contra sus principales dirigentes, el expediente minero podría estar en vías de crecer y acaso desbordarse, en términos aún mayores a los hasta ahora vistos con los maestros opositores a la alianza gordillista. Antes de continuar con las provocaciones o caer en las tentaciones de la represión ejemplar, el calderonismo autista bien haría en tomar nota de lo que hoy mismo está sucediendo en otras latitudes, donde protestas que en otras circunstancias serían menores o controlables han acabado convertidas en punto de confluencia de inconformidades similares.

Julio Hernández López. Astillero. La Jornada. 10 de diciembre 2008.

La diferencia entre Gordillo/Romero Deschamps y Gómez Urrutia es que los dos primeros caciques tienen como patronal al gobierno y el cacique minero a un empresario. Podría decirse entonces que para Calderón es más fácil transar con los caciques que controlan a los asalariados del Estado y prefiere reprimir a los caciques que controlan los asalariados de sus patrones.