hay que poner las cosas en su justa dimensión (...). Eso no implica, como algunos lo han sugerido, que sean investigaciones dirigidas alrededor o hacia a una persona, y no, desde luego, al caso del secretario García Luna, que tiene una gran capacidad en términos de sus funciones atingentes a la Secretaría de Seguridad Pública”.

Aseguró que “evidentemente que si hubiera alguna duda de su probidad o más aún, algún elemento probatorio que descalificara esa probidad, seguramente no sería secretario de Seguridad Pública”.

Felipe Calderón

Después de la tragedia del New's Divine los medios desataron una campaña de histeria más bien semejante a un linchamiento en contra de las autoridades del Distrito Federal. Asumiendo la responsabilidad que le correspondía al estar al mando del personal que provocó la muerte de los jovencitos en la citada discoteca, Joel Ortega renunció a su cargo.

Tal tratamiento de los medios no tiene su correlativo en el caso de los funcionarios bajo el mando de García Luna que han sido señalados como informantes de los carteles del narcotráfico. No sólo los medios no repiten el linchamiento a pesar que la pésima gestión de García Luna que ha provocado la muerte de muchos policías y militares bajo el fuego del narco, además el mismísimo Calderón saca la cara por él , lo extraño es que afirme que no tiene evidencias en su contra , ni siquiera dudas, a pesar de los antecedentes de la compra irregular de helicópteros por los que se giró orden de aprehensión contra García Luna; a pesar que miembros del ejército le advirtieron sobre él desde antes que le diera el cargo, y a pesar de las denuncias de Herrera Valles:

En sus desatendidas cartas a Calderón, Herrera Valles refirió experiencias personales e hizo un análisis general sobre el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública: Tras citar casos análogos, refirió que en el “mes de febrero de 2007 se me ordenó iniciar el Operativo Nuevo León-Tamaulipas igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia… nuevamente dando a conocer a los medios, de manera previa el inicio de dicho operativo” Una difusión pública semejante provocó, según la carta al Presidente, la ejecución de tres miembros de la AFI, hospedados en Monterrey el 11 de septiembre de 2007, así como la tortura y asesinato de dos más, cuyos cuerpos fueron hallados en Santa Catarina.

Herrera Valles denunció también que “12 comandantes de la AFI que supuestamente fueron destituidos, ingresaron a la Policía Federal Preventiva con grados de comisario o director general adjunto (con sueldo mayor que en la AFI)”. Siete de ellos, añadió, reprobaron el examen en el área de control de confianza, “siendo requisito indispensable aprobar dichos exámenes para poder ingresar a la PFP, por lo que elaboraron siete cartas responsivas de capacidad profesional y de buena conducta que pretendían que yo avalara con mi firma”.

No aceptó hacerlo, fue destituido y hoy está a punto de ser procesado
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