Un lamentablemente decisorio número de chavistas, disfrazado de ministros de la Suprema Corte Bolivariana de Justicia, aprobó ayer un grave atentado contra la libertad de expresión, al reivindicar la propiedad del Estado sobre su espectro radioeléctrico y, por tanto, su facultad soberana de renovar o no las concesiones a empresas de televisión. Infectados de feos virus autoritarios y dictatoriales, los izquierdistas disfrazados de jurisperitos infiltraron en el sacro recinto de la Corte conceptos anticuados y populistas como "rectoría del Estado" y "propiedad del Estado sobre los bienes públicos", e incluso se atrevieron a postular que los concesionarios en materia de televisión "no son intocables" ni tienen derechos irreversibles sobre bienes públicos (¡ya las pagarán esos ministros desobedientes cuando sustituyan a Bartlett y Corral en la programación de escarnios en pantalla!).

La comunistoide medida (que significa estatuir que un presidente patriota -es decir, no en los próximos cinco años y medio- pueda usar la posibilidad jurídica de no renovar concesiones a las nativas versiones golpistas de Radio Caracas Televisión) echó abajo el agandalle del año pasado con el que Televisa y Tv Azteca se habían proveído de una amable renovación en automático de sus concesiones e incluso de una magna expansión gratuita. Ahora, cuando menos, deberá haber una licitación pública con preferencia para los actuales titulares de concesiones, pero el Estado mantendrá su absoluto derecho a renovar o no los tales permisos.
Julio Hernández López.Columna Astillero.La Jornada 1o de Junio 2007.