Uno de los usos y costumbres de los Gobiernos anteriores a la 4T era que los casos que la entonces Procuraduría (carente de autonomía) llevaba ante los jueces se cayeran por estar mal armados, por no presentar suficiente evidencia y detalles sutiles del Derecho y a veces no tan sutiles. Tales usos y costumbres podrían atribuirse a la incapacidad, ineficiencia , incompetencia o de plano estupidez de los responsables de la Procu; pero muchas veces se sospechó que era a propósito para dejar ir a los peces gordos con gran influencia en las esferas de la política.
En la 4T, ahora con una Fiscalía autónoma se vislumbra que cada uno de los casos de gran peso en el interés nacional se irán cayendo uno a uno (caso Robles, caso Losoya, caso Cabeza de Vaca, etc); por razones tal vez similares a la de la era pre 4T, pero también puede ser por una razón previamente calculada y anunciada desde los primeros dias del presente sexenio.
Desde la campaña a la Presidencia, López Obrador ofreció al entonces Presidente Peña no abrir ninguna investigación que lo afectara; borrón y cuenta nueva.
Esta actitud de AMLO se ha interpretado como una especie de administración de la energía del Gobierno, de un no querer abrir frentes que lo distrajeran de llevar a cabo su proyecto de Gobierno.
Otra de las explicaciones la dió el mismo Presidente: "Lo importante no es encarcelar a nadie, sino que el pueblo se entere de sus delitos".
Tenemos entonces que, bajo la hipótesis de que la autonomía de la Fiscalía aun no está del todo firme, su ineficacia para llevar los casos grandes obedece a las razones presidenciales citadas.
No se va a condenar a nadie, pero el pueblo se enterará de que los indiciados son unos delincuentes, el problema es que el pueblo también se enterará de que la Fiscalía es tan ineficaz y tan poco autónoma como lo fue la Procuraduría.
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